Las ayudas extraordinarias por cese de actividad, aprobadas durante el COVID-19, fueron un auténtico salvavidas para miles de autónomos en España. Se concedieron de forma masiva y exprés, por parte de las mutuas, mediante resoluciones provisionales basadas en meras declaraciones responsables que los autónomos debían firmar en el momento de la solicitud, aunque sin certeza absoluta del cumplimiento de los requisitos exigidos, en muchas ocasiones sujeta a previsión futura.
Las revisiones de las mutuas y la devolución de las ayudas
Cual fue la sorpresa para los autónomos cuando, casi 4 años después, las mutuas comenzaron a revisar la concesión de las ayudas, bajo el respaldo de que se concedieron “provisionalmente y sujetas a revisión futura”.
Así, muchísimos autónomos de nuestro país se han visto obligados a devolver el importe íntegro de las ayudas (en ocasiones, con intereses por impago o demora) casi 4 años después. Como es evidente, la mayoría de ellos ya no disponían de ese dinero, puesto que lo destinaron a salir hacia delante, y han pasado por situaciones realmente precarias asumiendo pagos fraccionados durante meses e, incluso, embargos sin preaviso por parte de la TGSS.
La Sentencia del TSJPV ganada por Winforyou
Por suerte, la justicia funciona y prueba de ello es la reciente Sentencia nº 2487/2026 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), relativa a un expediente ganado con éxito por Winforyou.
La citada Sentencia ha clarificado los límites temporales que tienen las mutuas para reclamar las ayudas provisionales concedidas durante la pandemia; y, en base al artículo 146 de la LRJS, el TSJPV ha establecido una valoración contundente, con los siguientes puntos clave:
1. Firmeza por seguridad jurídica
El tribunal determina que una resolución provisional no otorga a la mutua una ventana abierta a revisiones infinitas. Para salvaguardar la seguridad jurídica del autónomo, dicha provisionalidad debe adquirir firmeza si la entidad no actúa a tiempo.
2. Límite estricto de un año
Si la administración dispone de un año para revisar una ayuda por cese de actividad concedida de manera definitiva, con mayor motivo debe aplicarse este límite de un año para las prestaciones concedidas provisionalmente (como lo son las aprobadas durante el COVID-19). Pasado ese plazo, la mutua pierde la potestad de revisión unilateral.
3. Sin privilegios administrativos
El fallo recuerda que las mutuas demandadas no cuentan con los privilegios especiales de la administración pública, que gestiona el desempleo común.
4. Nueva valoración vs. Error material
Apoyándose en la doctrina del Tribunal Supremo (STS 15-4-2026), el TSJPV determina que una revisión tardía por parte de las mutuas no es la simple corrección de un error material, cometido por ellas mismas, sino una modificación sustancial que no se puede amparar en los plazos genéricos de prescripción de cobros indebidos (art. 55.3 de la LGSS).
Conclusión: las mutuas no pueden reclamar pasado el plazo
En definitiva, esta sentencia del TSJPV ampara a los autónomos, dictaminando que las mutuas no pueden exigir la devolución de las ayudas extraordinarias por cese de actividad, si han dejado transcurrir más de un año desde su concesión provisional.
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